Capitalismo de Estado

El capitalismo de Estado describe economías en las que las empresas venden en los mercados y buscan beneficios, pero el Estado posee o dirige una gran parte del capital: compañías petroleras nacionales, bancos estatales, empresas de telecomunicaciones y servicios públicos, sociedades de cartera y fondos soberanos. Se diferencia de la planificación central porque los precios y la competencia siguen asignando la mayoría de los bienes; se diferencia del capitalismo liberal porque el Estado es accionista y persigue objetivos tanto políticos como financieros.

Musacchio y Lazzarini (2014) distinguen tres modelos:

• Leviatán como empresario: el Estado posee y gestiona directamente las empresas, a menudo como propietario mayoritario.
• Leviatán como inversor mayoritario: empresas cotizadas en las que el Estado es accionista controlador junto con inversores privados (por ejemplo, Petrobras en Brasil).
• Leviatán como inversor minoritario: el Estado posee participaciones minoritarias a través de bancos de desarrollo, fondos de pensiones o soberanos, y concede préstamos a empresas privadas.

Entre los mecanismos habituales figuran el crédito dirigido por el Estado, las acciones de oro, el nombramiento de directivos por los ministerios o el partido, y el uso de empresas para alcanzar objetivos de política pública, como el empleo, el control de precios o la inversión estratégica.

La teoría de la agencia predice un desempeño deficiente cuando los propietarios (los ciudadanos) no pueden supervisar a sus agentes (los políticos y los directivos). Shleifer (1998) sostuvo que, en general, la propiedad privada es preferible cuando la reducción de costos perjudica la calidad solo de forma moderada, la competencia es posible y la reputación importa, porque los políticos utilizan las empresas estatales para perseguir objetivos políticos, como el exceso de empleo. Sus defensores sostienen que los Estados pueden corregir fallas del mercado de capitales, financiar proyectos de largo plazo y captar rentas para el público. Musacchio y Lazzarini sostienen que las participaciones minoritarias pueden aliviar las restricciones crediticias con menos problemas de agencia que la propiedad plena, pero son vulnerables a la captura política.

• Empresas estatales centrales de China, supervisadas por la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales, bajo el sistema de gestión de personal del partido.
• Compañías petroleras nacionales, desde Equinor, de Noruega (cotizada y de propiedad estatal mayoritaria), hasta Saudi Aramco.
• El banco de desarrollo brasileño BNDES, como prestamista y accionista minoritario.
• Temasek Holdings de Singapur, una sociedad estatal de inversión que posee participaciones en empresas cotizadas.

Cuando el Estado posee empresas y también regula sus mercados, existe un conflicto de intereses: puede proteger a sus propias empresas de la competencia, flexibilizar sus restricciones presupuestarias o inclinar la regulación a su favor. Las directrices de la OCDE sobre las empresas estatales responden a este problema al exigir una separación clara entre la función de propiedad y las funciones regulatorias y de política pública del Estado. Los críticos también advierten que la propiedad estatal puede afianzar a las élites gobernantes y combinar objetivos comerciales y políticos de maneras difíciles de auditar.

El estudio de Megginson y Netter sobre las investigaciones acerca de la privatización (2001) concluyó que, en la mayoría de los contextos, las empresas privatizadas se volvieron más eficientes y rentables. Sin embargo, el desempeño varía según la gobernanza: las empresas estatales cotizadas y gestionadas profesionalmente pueden rendir cerca de sus pares privados, mientras que las gestionadas políticamente a menudo no. Se discute si el capitalismo de Estado ayudó a los países de desarrollo tardío a crecer o si crecieron a pesar de él.