Una de las repúblicas más antiguas del mundo que aún perduran, es un enclave en Italia cuyos dos jefes de Estado, los capitanes regentes, son elegidos cada seis meses por el Consejo Grande y General, integrado por 60 miembros, y deben responder por su conducta una vez concluido su mandato. La ciudadanía puede presentar peticiones directamente a la Regencia.
La tradición fecha la fundación de San Marino en 301, cuando se dice que el cantero Marino se estableció en el monte Titano. El autogobierno documentado es muy posterior: en la Edad Media surgió una comuna con una asamblea de cabezas de familia (el Arengo), y los dos primeros cónsules fueron elegidos el 12 de diciembre de 1243, origen de la actual jefatura dual. Los Estatutos de 1600 sirvieron de constitución escrita durante siglos. San Marino sobrevivió a la unificación de Italia, en parte gracias a tratados de amistad con el reino italiano.
El 25 de marzo de 1906, un Arengo de cabezas de familia votó a favor de que el Consejo Grande y General fuera electivo. Las mujeres obtuvieron el voto en 1960 y el derecho a ocupar cargos en 1973; la primera mujer capitana regente ejerció el cargo en 1981. La Declaración de los Derechos de la Ciudadanía y de los Principios Fundamentales se adoptó el 8 de julio de 1974 (Ley n.º 59) y se modificó en 2000, 2002 y 2005; la reforma del 26 de febrero de 2002 (Ley n.º 36) creó un órgano garante de la constitucionalidad de las leyes.
San Marino tiene unos 34.000 habitantes y un ingreso per cápita elevado. Su economía combina manufactura, turismo, comercio y, históricamente, actividad bancaria. Utiliza el euro en virtud de un acuerdo con la UE y tiene una unión aduanera con ella, pero no es miembro. La estrecha integración con Italia hace que muchos residentes y trabajadores crucen la frontera para desplazarse. Tras la crisis financiera de 2008, los acuerdos de transparencia fiscal con Italia y la OCDE pusieron fin a buena parte del modelo bancario basado en el secreto, y el Estado tuvo que respaldar a su mayor caja de ahorros. Los servicios públicos, incluidos la atención sanitaria y las pensiones, se financian con impuestos y cotizaciones sociales.
Con una población muy reducida, las mismas personas suelen ocupar cargos repetidamente y las redes personales y familiares tienen importancia. Una importante investigación por corrupción en la década de 2010 dio lugar a condenas de antiguos políticos de alto rango y dañó la confianza. Las relaciones con Italia han oscilado entre la cooperación y las fricciones en torno a los impuestos y la banca. Un referendo de 2013 sobre la solicitud de ingreso en la UE obtuvo una escasa mayoría de los votos emitidos, pero no alcanzó el quórum de participación; San Marino ha negociado en su lugar un acuerdo de asociación con la UE.
La jefatura dual con mandatos de seis meses ha funcionado durante siglos como freno al poder personal: ninguna persona puede acumular autoridad en la cúspide, y cada regente puede bloquear al otro. San Marino combina el autogobierno interno con una estrecha dependencia de Italia para gran parte de su economía. La brevedad de los mandatos hace que el poder político efectivo resida en el Consejo y el Congreso de Estado, por lo que las salvaguardias de la Regencia importan menos que la rendición de cuentas parlamentaria.
Desde hace siglos se elige cada seis meses a dos capitanes regentes; un Consejo electo de 60 miembros y un gobierno de secretarios de Estado ejercen el poder efectivo. Los ciudadanos presentan peticiones a la Regencia y pueden presentar quejas contra los regentes una vez concluido su mandato. La república es soberana, pero está estrechamente vinculada a Italia y a la UE.
Los dos Capitanes Regentes de San Marino son elegidos por el Gran Consejo General mediante el voto directo de todos los consejeros desde 1945, por mandatos de seis meses que comienzan en abril y octubre; no pueden ser reelegidos hasta que hayan transcurrido tres años.[1][2][3]
En un referéndum de iniciativa popular celebrado el 26 de septiembre de 2021, el 77.30 por ciento de los votantes de San Marino (11,119) apoyó la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, frente al 22.70 por ciento (3,265).[1]