Un microestado pirenaico cuyos jefes de Estado son dos copríncipes, el obispo de Urgel, en Cataluña, y el presidente de Francia, conforme a acuerdos que se remontan a 1278. Desde la Constitución de 1993, la soberanía reside en el pueblo y el poder, en un parlamento y un gobierno electos.
La inusual jefatura del Estado de Andorra tiene su origen en un acuerdo medieval. Tras las disputas por los valles entre el obispo de Urgell y los condes de Foix, los dos señores firmaron pareatges (paréages) en 1278 y 1288, por los que compartieron la soberanía sobre Andorra. El derecho de los Foix pasó por herencia a los reyes de Navarra, luego a los reyes de Francia y, finalmente, a los jefes de Estado franceses, razón por la cual el presidente de la República Francesa es hoy uno de los copríncipes. Desde el siglo XV se reunía un consejo local del país, cuya participación se amplió con una reforma de 1866.
Durante la mayor parte del siglo XX, Andorra no tuvo una constitución escrita, el sufragio era limitado y el Gobierno no estaba claramente separado del Consejo General. En 1981 se creó un Consejo Ejecutivo. La Constitución fue aprobada el 2 de febrero de 1993, ratificada en referéndum el 14 de marzo de 1993 y entró en vigor el 28 de abril de 1993. Andorra se incorporó a las Naciones Unidas ese mismo año y al Consejo de Europa en 1994. Se suprimió el tributo tradicional, en especie y en dinero, que se pagaba a los copríncipes.
La economía andorrana se basa en el turismo (esquí y turismo de montaña), el comercio minorista, que históricamente se benefició de los bajos impuestos, y la banca. Bajo la presión de Francia, España, la UE y la OCDE, Andorra firmó acuerdos de intercambio de información tributaria a partir de 2009, introdujo un impuesto indirecto general, un impuesto sobre sociedades y, desde el 1 de enero de 2015, un impuesto sobre la renta de las personas físicas (Ley 5/2014), y abandonó su condición de paraíso fiscal. Utiliza el euro en virtud de un acuerdo monetario con la UE y ha negociado un acuerdo de asociación con la Unión. Una gran proporción de los residentes son ciudadanos extranjeros; la naturalización es lenta y exigente, y el coste de la vivienda es un importante tema político.
La Constitución de 1993 transformó un condominio feudal en una democracia parlamentaria con derechos protegidos, control de constitucionalidad y reconocimiento internacional, al tiempo que mantuvo a los copríncipes como un contrapeso simbólico y limitado. Duursma presenta Andorra como un caso que muestra cómo los microestados aseguraron su condición de Estado y su posición internacional pese a depender de sus vecinos. Los costes son la tensión no resuelta entre el papel religioso del obispo y la legislación democrática, así como la exclusión de una gran población de no ciudadanos.
Los pariajes de 1278 y 1288 fundaron un señorío compartido que perdura como coprincipado. La Constitución de 1993 estableció una democracia parlamentaria con soberanía popular, un Consejo General de 28 miembros y un Tribunal Constitucional; Andorra ingresó en la ONU en 1993 y abandonó su modelo de paraíso fiscal después de 2009.
La Constitución de 1993 convierte Andorra en un coprincipado parlamentario en el que la soberanía reside en el pueblo; los copríncipes, el obispo de Urgell y el presidente de Francia, son conjuntamente jefes de Estado.[1]
Las reformas constitucionales en Andorra requieren el voto de dos tercios del Consejo General y su ratificación mediante referéndum; los copríncipes deben sancionarlas, pero no pueden vetarlas.[1]
El Consejo General de Andorra tiene 28 miembros; en virtud del artículo 52 de la Constitución, la mitad es elegida en igual número por las siete parroquias (dos cada una) y la otra mitad en una única circunscripción nacional.[1][2]