Principio según el cual la autoridad política última reside en el pueblo, del que el gobierno deriva su legitimidad.
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El Contrato social (1762) de Rousseau sostenía que la soberanía pertenece al pueblo, no puede enajenarse y no puede representarse. Edmund Morgan trazó cómo «el pueblo» se convirtió en una ficción política en la Inglaterra y la América de los siglos XVII y XVIII. En la práctica se ejerce mediante elecciones, asambleas y referéndums. Se diferencia de la soberanía parlamentaria, en la que el legislativo tiene la última palabra.