Conducta deficiente o injusta de un organismo público que puede ser lícita, pero que no alcanza los estándares de una buena administración, como demoras irrazonables, descortesía, incumplimiento de los procedimientos, parcialidad o negligencia.
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La mala administración es la preocupación central de las instituciones de defensoría del pueblo, que cubren el vacío entre la ilegalidad, de la que pueden ocuparse los tribunales, y la mera insatisfacción. El Defensor del Pueblo Europeo la define en términos amplios como el supuesto en que un organismo público no actúa conforme a una norma o principio que le es vinculante, incluidos los principios de buena administración y de respeto de los derechos fundamentales. Como el concepto no tiene límites precisos, los defensores del pueblo elaboran códigos de buena conducta administrativa para darle contenido.