Micronación

Una micronación es una entidad que afirma ser un Estado soberano independiente, pero que ningún Estado u organización internacional establecido reconoce como tal. Las micronaciones abarcan desde proyectos secesionistas serios y experimentos libertarios hasta protestas políticas, proyectos artísticos, esquemas de evasión fiscal y pasatiempos. Por lo general, emiten símbolos de estatalidad (banderas, constituciones, pasaportes, sellos, monedas y títulos) y, en ocasiones, ocupan un territorio físico, como un fuerte marítimo, una isla, una granja o una franja de tierra en disputa; otras existen principalmente en línea.

Las micronaciones se distinguen de los Estados no reconocidos o parcialmente reconocidos que ejercen control efectivo sobre grandes poblaciones, como Somalilandia o el norte de Chipre, y de las comunidades intencionales que no reivindican la soberanía.

Las micronaciones ponen a prueba las reglas de la estatalidad. La Convención de Montevideo de 1933 enumera cuatro criterios: una población permanente, un territorio definido, un gobierno y la capacidad de entablar relaciones con otros Estados. En la práctica, el reconocimiento internacional por parte de los Estados existentes es decisivo, y el territorio debe ser tierra que no haya sido reclamada ya por otro Estado. Por lo general, no se considera que las estructuras artificiales, como las plataformas, sean territorio capaz de sustentar la estatalidad.

Harry Hobbs y George Williams describen las micronaciones como una «laguna en el derecho»: los gobiernos las ignoran en su mayoría, en ocasiones las procesan judicialmente y rara vez se estudian. Sostienen que la mejor manera de entender las micronaciones es como formas de expresión política que imitan la estatalidad para plantear cuestiones sobre la soberanía, la fiscalidad, la exclusión política o la arbitrariedad de las fronteras.

Los pensadores libertarios han considerado las micronaciones y la creación de comunidades en el mar como formas de ejercer la salida y crear jurisdicciones en competencia, en el espíritu de la salida y la voz de Hirschman y de la «votación con los pies» de Tiebout. Las propuestas de Estados de red actualizan esta idea para la era de internet e imaginan comunidades en línea que posteriormente adquieren territorio y reconocimiento.

Motivaciones y ejemplos

• Sealand (desde 1967). En 1967, Paddy Roy Bates tomó el control de Roughs Tower, un fuerte de guerra fuera de servicio situado a unas siete millas de la costa de Suffolk, y el 2 de septiembre de 1967 declaró el Principado de Sealand. En 1968, un tribunal inglés determinó que carecía de jurisdicción porque el fuerte se encontraba fuera de las aguas territoriales británicas, algo que Sealand considera un reconocimiento. En 1987, el Reino Unido amplió sus aguas territoriales de tres a doce millas náuticas, situando la plataforma dentro de ellas. Ningún Estado reconoce a Sealand.
• Hutt River (1970–2020). Leonard Casley, agricultor de Australia Occidental, presentó una notificación formal de secesión el 21 de abril de 1970 tras una disputa sobre las cuotas de producción de trigo. El «principado» se convirtió en una atracción turística, pero los tribunales australianos rechazaron reiteradamente sus reivindicaciones de soberanía en casos fiscales. El principado llegó a su fin en 2020, cuando el hijo del fundador anunció que se vendería la granja familiar para pagar una factura fiscal de A$3 millones.
• República de Minerva (1972). Un grupo de libertarios estadounidenses amplió un arrecife en el Pacífico Sur y declaró una república; Tonga reivindicó la soberanía y los expulsó en cuestión de meses.
• Liberland (desde 2015). Declarada en una franja de tierra en la orilla occidental del Danubio que ni Croacia ni Serbia reclaman debido a su disputa fronteriza. La policía croata ha impedido el asentamiento y ningún Estado la reconoce.
• Isla de las Rosas (1968). Un ingeniero construyó una plataforma frente a la costa italiana y declaró una república independiente; el Gobierno italiano la incautó y demolió en 1969.

• Sin efectos jurídicos. Sin reconocimiento, las micronaciones no pueden emitir pasaportes válidos, hacer cumplir las leyes ni proteger a sus residentes. Algunos «pasaportes» se han vinculado con fraudes.
• Evasión fiscal y estafas. Los tribunales de Australia, Estados Unidos y otros países han desestimado reivindicaciones de soberanía por considerarlas intentos de evitar impuestos, y algunas micronaciones han vendido títulos o ciudadanía.
• Membresía excluyente. Muchas son proyectos minúsculos dirigidos por sus fundadores y sus familias, sin instituciones democráticas.
• Límites territoriales. Casi toda la tierra está reclamada por Estados existentes; las plataformas artificiales no se aceptan como territorio.
• Distracción de la autodeterminación real. Los críticos sostienen que las micronaciones lúdicas pueden trivializar las luchas de los pueblos apátridas y las naciones indígenas.

Ninguna micronación ha logrado el reconocimiento como Estado soberano. Su importancia radica en otra parte: ponen de manifiesto las convenciones y relaciones de poder que sustentan la estatalidad, sirven como experimentos de bajo costo en materia de redacción constitucional e identidad cívica y han inspirado proyectos más ambiciosos, como la creación de comunidades en el mar y los Estados de red. Su historia también ilustra cómo responden los Estados existentes a los desafíos a la soberanía: en su mayoría, con indiferencia; a veces, con procesos judiciales o con el uso de la fuerza cuando el proyecto afecta a la fiscalidad, el territorio o el orden público.

• Convención de Montevideo sobre los Derechos y Deberes de los Estados (1933), Proyecto Avalon
• Harry Hobbs y George Williams, «Micronations: A Lacuna in the Law», International Journal of Constitutional Law 19(1) (2021)
• Harry Hobbs y George Williams, Micronations and the Search for Sovereignty (Cambridge University Press, 2022)
• Erwin S. Strauss, How to Start Your Own Country (Loompanics, 1984)