Qué ocurrió. El presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 14365, «Garantizar un marco normativo nacional para la inteligencia artificial». Esta pide «una norma nacional con una carga mínima, no 50 normas estatales discordantes».
Disposiciones principales.
- El fiscal general debe crear, en un plazo de 30 días, un Grupo de Trabajo sobre Litigios de IA cuya única responsabilidad será impugnar las leyes estatales sobre IA que sean incompatibles con la política de la orden.
- En un plazo de 90 días, el secretario de Comercio debe publicar una evaluación que identifique las leyes estatales sobre IA onerosas, como mínimo aquellas que exigen a los modelos «alterar sus resultados veraces», y remitir algunas al grupo de trabajo.
- Los estados cuyas leyes se identifiquen de ese modo no podrán recibir fondos para actividades ajenas al despliegue en el marco del programa de banda ancha BEAD, en la medida en que lo permita la legislación federal, y las agencias deberán considerar la posibilidad de condicionar las subvenciones discrecionales.
- La Comisión Federal de Comunicaciones debe considerar una norma federal de presentación de informes y divulgación que se antepondría a las leyes estatales en conflicto, y la Comisión Federal de Comercio debe explicar en qué casos las leyes estatales que exigen cambios en resultados veraces quedan desplazadas por la prohibición de las prácticas engañosas.
- Los asesores de la Casa Blanca deben preparar una propuesta legislativa para establecer un marco federal uniforme, que no debería desplazar las leyes estatales por lo demás lícitas sobre la seguridad infantil, la capacidad de cómputo de IA y la infraestructura de centros de datos, ni sobre la contratación pública estatal y el uso de la IA por los estados.
Contexto. El 1 de julio de 2025, el Senado de EE. UU. votó 99-1 para eliminar del proyecto de ley de conciliación presupuestaria una moratoria propuesta sobre las leyes estatales relativas a la IA (Nextgov). Los estados habían seguido legislando, incluso con la SB 53 de California sobre desarrolladores de modelos de frontera y la ley de Colorado sobre discriminación algorítmica. Una orden ejecutiva no puede, por sí sola, anteponerse a la legislación estatal; para ello se necesita una ley del Congreso o una regulación federal válida, de modo que mucho depende de los litigios y del Congreso.
Por qué importa. La orden plantea una disputa sobre el federalismo y quién gobierna la IA. Recurre a condiciones de financiación y litigios en lugar de a la legislación, y deja explícitamente en manos de los estados la decisión sobre cómo sus propios gobiernos adquieren y utilizan la IA.
Qué observar. La lista del Departamento de Comercio y las leyes que incluya; las primeras demandas del grupo de trabajo y la forma en que los tribunales traten las condiciones de financiación; los procedimientos de la FCC y la FTC; y si el Congreso aborda un marco que se anteponga a las normas estatales.