Control judicial de constitucionalidad de forma débil
Modelo de control constitucional en el que los tribunales pueden evaluar la legislación en relación con los derechos, pero el poder legislativo conserva la última palabra, por ejemplo, mediante declaraciones de incompatibilidad o cláusulas de anulación.
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Entre los ejemplos figuran la Ley de Derechos Humanos de 1998 del Reino Unido, en virtud de la cual los tribunales pueden declarar que una ley es incompatible con los derechos establecidos en el Convenio sin invalidarla, y el artículo 33 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que permite a los poderes legislativos dejar sin efecto determinados derechos durante períodos renovables de cinco años. Sus partidarios lo consideran un diálogo entre tribunales y parlamentos que responde a la objeción democrática planteada por críticos como Jeremy Waldron. Los escépticos sostienen que, en la práctica, acaba convirtiéndose en un control fuerte o que ofrece una protección débil.