El principio según el cual, cuando una actividad o tecnología amenaza con causar daños graves o irreversibles, la falta de certeza científica plena no debe ser motivo para aplazar las medidas de protección; las versiones más estrictas trasladan la carga de la prueba a quienes las proponen, que deben demostrar su seguridad.
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El principio es central en la política verde y aparece en el derecho ambiental internacional y en las políticas de la Unión Europea. Los partidos verdes lo han invocado para oponerse a la energía nuclear y a los organismos modificados genéticamente, y para pedir la regulación de nuevas tecnologías, incluida la IA. Las versiones débiles permiten adoptar medidas de precaución; las versiones estrictas exigen pruebas de que no se producirán daños significativos. Los críticos sostienen que las versiones estrictas pueden frenar innovaciones beneficiosas e ignorar los riesgos de la inacción.