Tras fracasar el alzamiento militar en Barcelona en julio de 1936, los sindicatos CNT y UGT se hicieron cargo de muchas empresas catalanas y, junto con columnas de milicianos, colectivizaron explotaciones agrarias en el este de Aragón. La Generalitat reguló la colectivización industrial en octubre de 1936; esta fue limitada después de mayo de 1937.
El fracaso del golpe del 19 de julio de 1936 dejó débil la autoridad republicana en Cataluña, y los comités sindicales y revolucionarios se hicieron cargo de empresas, servicios y tierras. El Decreto de Colectivizaciones y Control Obrero de la Generalitat (24 de octubre de 1936) fue un compromiso: las empresas de más de 100 trabajadores, o las abandonadas, se colectivizaban y eran dirigidas por consejos elegidos por asambleas obreras; las de 50 a 100 trabajadores podían colectivizarse por voto de dos tercios; las más pequeñas seguían en manos de sus propietarios bajo supervisión obrera. En Aragón, un Consejo de Defensa de dominio anarquista coordinó las colectividades desde octubre de 1936. Los historiadores discrepan sobre cuán voluntarias, eficientes y extendidas fueron las colectividades, y sobre cuánto de las dificultades económicas se explica por la guerra y no por la colectivización.
Empresas y explotaciones agrícolas colectivizadas funcionaron en territorio republicano hasta unos dos años y medio. La producción industrial catalana cayó a 55 (principios de 1936 = 100) en abril de 1938, en medio de la conversión bélica, el desabastecimiento y la inflación; la colectivización fue solo un factor.
Tras los enfrentamientos de mayo de 1937 en Barcelona, la CNT perdió terreno. Un decreto del 11 de agosto de 1937 disolvió el Consejo de Defensa de Aragón y la 11.ª División de Líster disolvió muchas colectividades; la Generalitat pudo nacionalizar empresas a partir de noviembre de 1937. El frente de Aragón se derrumbó en marzo de 1938 y la guerra terminó en 1939.
El decreto de la Generalitat del 24 de octubre de 1936 colectivizó obligatoriamente las empresas con más de 100 trabajadores y las empresas abandonadas bajo consejos de empresa electos, permitió que las empresas de 50 a 100 trabajadores se colectivizaran por voto de dos tercios y dejó a las empresas más pequeñas en manos de sus propietarios bajo la supervisión de los trabajadores.[1]
Los historiadores discrepan sobre cuán voluntarias y productivas fueron las colectividades rurales: Seidman considera que la participación fue en parte espontánea y en parte forzada y que las divisiones internas se sumaron a la guerra y a la hostilidad política; Balcells advierte de que los propagandistas de ambos bandos distorsionaron el registro.[1][2][3]
La colectivización abarcó una minoría de la tierra de la zona republicana (Seidman cita un 18,5 %), y la producción industrial catalana cayó de 100 a comienzos de 1936 a 70 en febrero de 1937 y a 55 en abril de 1938, en medio de la reconversión bélica, las escaseces y la inflación, por lo que es difícil aislar el efecto propio de la colectivización.[1][2]