El gobierno de la reserva indígena más extensa de Estados Unidos, que abarca Arizona, Nuevo México y Utah. Basado en el tratado de 1868, carece de una constitución escrita; una reforma de 1989 creó ramas ejecutiva, legislativa y judicial separadas, y sus tribunales combinan el procedimiento occidental con la resolución de conflictos navaja.
En 1864, los diné (navajos) fueron obligados a emprender la «Larga Marcha» hasta el internamiento en Bosque Redondo, en Nuevo México, donde muchos murieron. El Tratado de 1868, firmado el 1 de junio de 1868, les permitió regresar a una reserva en su territorio ancestral, que más tarde se amplió en numerosas ocasiones. El gobierno central moderno comenzó cuando el Departamento del Interior de Estados Unidos creó en 1922 un pequeño consejo empresarial para aprobar concesiones petroleras, sustituido en 1923 por el Consejo Tribal Navajo. En 1935, los votantes navajos rechazaron la Ley de Reorganización Indígena y la constitución modelo que la acompañaba, por lo que la Nación nunca ha adoptado una constitución escrita; su gobierno se basa en el tratado, la legislación federal y el Código de la Nación Navajo.
La estructura actual se configuró tras una crisis en 1989. El presidente Peter MacDonald fue suspendido por el consejo en medio de acusaciones de corrupción, y un enfrentamiento entre sus partidarios y la policía en Window Rock, en julio de 1989, dejó dos muertos. En diciembre de 1989, el consejo adoptó las «enmiendas del Título II», que separaron los poderes legislativo y ejecutivo y sustituyeron el cargo de presidente del consejo por el de presidente de la Nación. MacDonald fue condenado más tarde por tribunales tribales y federales.
Los ingresos de la Nación han dependido en gran medida del carbón, el petróleo y el gas, además de la financiación federal. El cierre de la Estación Generadora Navajo en 2019 y el declive del carbón redujeron los empleos y las regalías. Los juegos de azar, el turismo, un fondo permanente y empresas como la Autoridad de Servicios Públicos Tribal Navajo aportan ingresos adicionales. La pobreza y el desempleo son elevados, muchas viviendas carecen de agua corriente o electricidad y las distancias son enormes. La minería de uranio del siglo XX dejó cientos de minas abandonadas; en 2005, el consejo prohibió la minería y el procesamiento de uranio en tierras navajas. La pandemia de COVID-19 golpeó con especial dureza a la Nación en 2020.
La Nación Navajo administra uno de los gobiernos tribales más desarrollados de Estados Unidos, con elecciones periódicas, una estructura de tres poderes y un sistema judicial ampliamente estudiado por combinar el derecho indígena y el occidental. Austin, exjuez, sostiene que el derecho consuetudinario navajo confiere legitimidad a los tribunales y continuidad con los valores diné. Wilkins subraya la brecha entre la soberanía formal y las limitaciones federales, así como la ausencia de una constitución ratificada por el pueblo.
Un gobierno de tres poderes desde 1989, con un consejo de 24 miembros desde 2011, un Tribunal Supremo que aplica el derecho consuetudinario navajo y un programa de reconciliación. La jurisdicción y los derechos sobre el agua están limitados por la legislación federal, como mostró Arizona v. Navajo Nation (2023); la pobreza y las carencias de infraestructura siguen siendo graves.
En un referéndum celebrado el 15 de diciembre de 2009, los votantes navajos aprobaron reducir el Consejo de la Nación Navajo de 88 a 24 delegados, y en 2011 el consejo quedó constituido con 24 miembros.[1]
En *Arizona v. Navajo Nation* (2023), la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el tratado de 1868 no obligaba a Estados Unidos a tomar medidas afirmativas para garantizar agua a la Nación Navajo.[1]
Los tribunales navajos aplican el derecho consuetudinario navajo como derecho preferente; las Leyes Fundamentales de los Diné exigen que los jueces apliquen los valores navajos en sus decisiones, y el poder judicial ha revitalizado la mediación pacificadora, una forma tradicional navajo de resolver disputas.[1][2]