Convención de 150 miembros seleccionados al azar que propuso medidas para reducir las emisiones francesas de gases de efecto invernadero en al menos un 40 % de aquí a 2030. El Gobierno adoptó muchas propuestas, íntegramente o en parte, pero no todas, y no hubo referéndum.
Anunciada por el presidente Macron en abril de 2019 tras el Gran Debate y las protestas de los chalecos amarillos, y organizada por el Consejo Económico, Social y Ambiental (CESE), la convención se reunió a partir de octubre de 2019 en siete sesiones y presentó 149 propuestas el 21 de junio de 2020. El presidente se había comprometido a remitirlas «sin filtro» a un referéndum, al Parlamento o a una regulación directa, pero anunció tres excepciones.
A octubre de 2026, el seguimiento del Gobierno registra 100 de las 149 propuestas como aplicadas total o parcialmente, 46 en curso y 3 descartadas. En febrero de 2021 los miembros de la convención criticaron que la respuesta no estaba a la altura de su ambición.
La convención se disolvió tras su última sesión, en febrero de 2021. El Parlamento aprobó la ley de clima y resiliencia de 2021, pero no hubo referéndum y los miembros criticaron que las obligaciones se hubieran diluido en incentivos.
La convención contaba con 150 miembros elegidos al azar y con el mandato de definir medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Francia en al menos un 40 % de aquí a 2030 con respecto a 1990, con un espíritu de justicia social. Tras unos nueve meses y siete sesiones, presentó el 21 de junio de 2020 48 objetivos y 149 propuestas.[1][2]
El presidente prometió que las propuestas irían «sin filtro» a un referéndum, a una votación parlamentaria o a un reglamento directo, pero el 29 de junio de 2020 excluyó tres: un límite de 110 km/h en las autopistas, un impuesto del 4 % sobre los dividendos y un cambio en el preámbulo de la Constitución. No se celebró ningún referéndum.[1][2]
Se valora de manera distinta hasta qué punto el gobierno cumplió las propuestas: su propio seguimiento cuenta 100 de las 149 como aplicadas total o parcialmente, mientras que los miembros de la convención concluyeron en febrero de 2021 que muchas solo se habían acogido en parte, pasando a menudo de la obligación al incentivo.[1][2]