De 1925 a 1956 (salvo la ocupación española de 1940-45), Tánger y su distrito fueron administrados conforme a un estatuto de tratado por Francia, Gran Bretaña y España, a las que más tarde se sumaron Italia y otros países: un administrador internacional, una asamblea de miembros designados, un Tribunal Mixto y un régimen de libre comercio.
La Convención del 18 de diciembre de 1923, revisada en 1928, dejó la Zona bajo la soberanía nominal del sultán de Marruecos, representado por un Mendub, y la declaró permanentemente neutral y desmilitarizada. Un administrador ejecutaba las decisiones de una Asamblea Legislativa Internacional compuesta por miembros extranjeros designados por los consulados, más marroquíes musulmanes y judíos nombrados por el Mendub; un Comité de Control de cónsules podía vetar sus disposiciones. Un Tribunal Mixto sustituyó a la jurisdicción consular. Los derechos de aduana se aplicaban solo a las mercancías consumidas en la Zona, y un mercado monetario libre y una fiscalidad ligera atrajeron la banca, el comercio de oro y el contrabando. El régimen terminó tras la independencia de Marruecos.
Tánger se convirtió en puerto franco y refugio financiero, con una prosperidad posterior a 1945 basada en la banca, el comercio de oro y el contrabando. Un observador de 1957 juzgó injusto el régimen: dirigido por y para unos 60 000 extranjeros, con poca consideración hacia unos 120 000 marroquíes.
El régimen se apoyaba en el consenso entre las potencias y en la condición de protectorado de Marruecos. Tras la independencia marroquí, una conferencia de las potencias y Marruecos se reunió en octubre de 1956, reconoció la abolición del régimen internacional y restableció la plena soberanía marroquí sobre Tánger.
Según el estatuto de 1923, revisado en 1928, la Zona era permanentemente neutral y desmilitarizada; un administrador ejecutaba las decisiones de una Asamblea Legislativa Internacional compuesta por extranjeros designados por los consulados, más seis marroquíes musulmanes y tres judíos nombrados por el Mendub, sujetas a un veto consular; un Tribunal Mixto sustituyó a la jurisdicción consular.[1][2]
Los derechos de aduana se aplicaban solo a las mercancías consumidas en la Zona, y el Estatuto de 1925 establecía un mercado monetario libre y una estructura fiscal casi completamente libre de impuestos; después de 1945 esto favoreció un auge de la banca, del comercio de oro y del contrabando.[1][2][3]
Un informe de 1957 del personal de campo juzgó el régimen injusto en términos sociales y económicos: gestionado por y para unos 60.000 extranjeros, con escasa consideración hacia unos 120.000 marroquíes, y con un clima empresarial sin regulación.[1]