Qué ocurrió. En virtud del artículo 113 del Reglamento (UE) 2024/1689, las disposiciones generales de la Ley de IA (capítulo I) y su lista de prácticas prohibidas (capítulo II, artículo 5) comenzaron a aplicarse el 2 de febrero de 2025, seis meses después de la entrada en vigor del Reglamento. En la misma fecha comenzó a aplicarse la obligación de alfabetización en IA establecida en el artículo 4: los proveedores y responsables del despliegue deben adoptar medidas para garantizar un nivel suficiente de alfabetización en IA entre el personal que opera sistemas de IA en su nombre. La Comisión publicó directrices no vinculantes sobre las prácticas prohibidas el 4 de febrero de 2025 y, dos días después, directrices sobre la definición de «sistema de IA».
Qué se prohíbe. El artículo 5 enumera ocho categorías de prácticas, entre ellas: las técnicas manipuladoras o engañosas que distorsionen sustancialmente el comportamiento y causen daños importantes; la explotación de vulnerabilidades vinculadas a la edad, la discapacidad o una situación social o económica; la puntuación social que dé lugar a un trato perjudicial o desproporcionado; la evaluación del riesgo de que una persona cometa un delito basada exclusivamente en la elaboración de perfiles o en rasgos de personalidad; la extracción indiscriminada de imágenes faciales de internet o de sistemas de videovigilancia para crear bases de datos de reconocimiento; el reconocimiento de emociones en los lugares de trabajo y en la educación, salvo por motivos médicos o de seguridad; la categorización biométrica para inferir características sensibles, como opiniones políticas u orientación sexual; y la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público con fines policiales, que solo sigue siendo posible para propósitos estrictamente enumerados y previa autorización.
Por qué importa para la gobernanza. Varias prohibiciones afectan directamente al Estado. La prohibición de la puntuación social se aplica por igual a actores públicos y privados, y la prohibición de la predicción de delitos basada en perfiles limita herramientas que han probado las fuerzas policiales. Los casos que suelen citarse en este debate, como el escándalo neerlandés de las ayudas para el cuidado infantil o Robodebt en Australia, se entienden mejor como fallos de los sistemas de puntuación de riesgos, la carga de la prueba y los recursos que como prácticas prohibidas; la Ley los aborda principalmente mediante sus normas posteriores sobre sistemas de alto riesgo.
Aplicación. Las sanciones comenzaron a aplicarse el 2 de agosto de 2025. En virtud del artículo 99, las infracciones del artículo 5 pueden dar lugar a multas de hasta 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocios anual mundial, si esta cifra es superior, pero cada Estado miembro decide en qué medida pueden imponerse multas a sus propias autoridades públicas. La aplicación corresponde a las autoridades nacionales de vigilancia del mercado, cuya designación seguía en curso en varios países durante 2025.
Qué conviene seguir. Las primeras decisiones de aplicación del artículo 5; la amplitud con que las autoridades interpreten «puntuación social» y «reconocimiento de emociones»; si los usos de las excepciones policiales para la identificación biométrica se notifican según lo exige la Ley; y si los Estados miembros exponen a sus propias administraciones a multas. El calendario para los sistemas de alto riesgo se modificó por separado en 2026.