Bienes comunes de datos y gobernanza de datos

La vida digital genera enormes cantidades de datos, la mayoría de los cuales son recopilados y controlados por un pequeño número de empresas de plataformas o por organismos estatales. La gobernanza de datos plantea quién decide cómo se recopilan, se accede a ellos, se comparten y se utilizan los datos, y quién se beneficia de ellos. Un procomún de datos responde colectivamente a esa pregunta: los datos se agrupan y son gestionados por una comunidad de acuerdo con reglas que sus miembros contribuyen a establecer.

La idea amplía el estudio de los bienes comunes —de los bosques, la pesca y el riego— a la información. Responde a tres problemas: la concentración del valor económico de los datos en unas pocas empresas; la debilidad del consentimiento individual como salvaguarda cuando los datos sobre una persona revelan información sobre muchas; y el uso insuficiente de datos que podrían servir a la investigación o a fines públicos, pero permanecen encerrados en silos.

Procomunes del conocimiento

Charlotte Hess y Elinor Ostrom sostuvieron que los recursos de conocimiento pueden analizarse con el mismo marco que Ostrom empleó para los recursos naturales de uso común: quiénes son los usuarios, cuáles son las reglas de apropiación y provisión, cómo se supervisan y se hacen cumplir, y cómo se modifican las reglas. A diferencia de los peces, los datos son no rivales: el uso por parte de una persona no los agota. Por tanto, el problema de gobernanza no es tanto el uso excesivo como el cercamiento, la calidad y el daño: quién puede excluir a otros, quién mantiene el recurso y cómo se evita el uso indebido.

Modelos de gobernanza de datos

Marina Micheli y sus colegas identificaron cuatro alternativas emergentes al modelo de plataformas corporativas:

• Fondos comunes de datos: las organizaciones agrupan datos para beneficio mutuo en virtud de condiciones comunes.
• Cooperativas de datos: los miembros aportan sus propios datos y gobiernan democráticamente su uso.
• Fideicomisos públicos de datos: un organismo público custodia los datos en beneficio de la ciudadanía y concede acceso para fines públicos.
• Soberanía sobre los datos personales: las personas controlan sus datos mediante repositorios personales y deciden caso por caso con quién compartirlos.

Sylvie Delacroix y Neil Lawrence propusieron fideicomisos de datos de base, en los que grupos de titulares de datos mancomunan sus derechos y nombran fideicomisarios con deberes fiduciarios para negociar en su nombre; sostuvieron que ningún modelo único es adecuado para todos los tipos de datos.

Principios

• Los principios FAIR (localizables, accesibles, interoperables y reutilizables), publicados en 2016, orientan la gestión responsable de los datos científicos.
• Los principios CARE para la gobernanza de datos indígenas (beneficio colectivo, autoridad para controlar, responsabilidad y ética), publicados en 2020 por la Global Indigenous Data Alliance y sus colaboradores, complementan los principios FAIR al centrarse en las personas y los propósitos, y no solo en los datos.
• Los principios de diseño de Ostrom para los bienes comunes —en especial, límites claros, congruencia entre las reglas y las condiciones locales, participación en la elaboración de reglas y sanciones graduales— se utilizan con frecuencia para evaluar las instituciones de datos.

• OpenStreetMap, fundado en 2004, es un mapa del mundo creado y mantenido por voluntarios y publicado bajo una licencia de base de datos abierta; su fundación y comunidad establecen las reglas de edición y atribución.
• Los repositorios de datos científicos, como las bases de datos genómicas y climáticas, funcionan como bienes comunes de investigación con reglas sobre acceso, reconocimiento y privacidad.
• Los movimientos por la soberanía indígena sobre los datos, incluido Te Mana Raraunga en Aotearoa Nueva Zelanda y redes en Australia, Canadá y Estados Unidos, reivindican derechos colectivos sobre los datos relativos a los pueblos indígenas y sus territorios.
• La Ley de Gobernanza de Datos de la UE (Reglamento (UE) 2022/868) crea un marco jurídico para los servicios neutrales de intermediación de datos y las organizaciones de altruismo de datos registradas que recopilan datos donados para fines de interés general.
• Sidewalk Toronto: una propuesta de 2018 de Sidewalk Labs para crear un «fideicomiso urbano de datos» independiente que gobernara los datos recopilados en un barrio inteligente planificado recibió fuertes críticas por cuestiones de privacidad y rendición de cuentas; la empresa se retiró del proyecto en 2020.
• Las cooperativas de datos sanitarios en Suiza y otros lugares permiten a sus miembros almacenar datos médicos y votar sobre los usos de investigación.

• Escala y captura: las instituciones de bienes comunes tienen dificultades para competir con plataformas que cuentan con efectos de red y capital; los fideicomisos de datos pueden acabar bajo el control de las organizaciones que se supone que deben supervisar.
• Privacidad y reidentificación: la agrupación de datos aumenta el riesgo de que las personas puedan ser reidentificadas, y las licencias abiertas dificultan retirar los datos una vez publicados.
• Problemas de delimitación: los datos sobre una persona a menudo también son datos sobre otras (familiares genéticos, contactos sociales), por lo que no está claro quiénes deberían ser los «miembros» de un bien común.
• Oportunismo y mantenimiento: los datos abiertos son fáciles de usar y costosos de mantener; muchos bienes comunes dependen de unos pocos voluntarios o de financiación mediante subvenciones.
• Distribución del valor: incluso los bienes comunes bien gobernados pueden dejar que las empresas que usan los datos se apropien de la mayor parte del valor económico, a menos que las licencias o las tarifas lo redistribuyan.
• Incertidumbre jurídica: el derecho de fideicomisos, el derecho cooperativo y la legislación de protección de datos no se diseñaron para la gestión responsable de datos, y las obligaciones fiduciarias de los administradores de datos no se han puesto a prueba.

Los bienes comunes de datos son una parte creciente, pero todavía pequeña, de la economía de los datos. Sus éxitos más claros se dan en la ciencia, la cartografía y el software de código abierto, donde quienes contribuyen comparten normas y los beneficios son difusos. En el ámbito de los datos personales y comerciales, la evidencia es más escasa y muchos proyectos piloto siguen siendo experimentales. El campo está pasando de los manifiestos al diseño institucional: formas jurídicas para intermediarios, licencias que preservan el control colectivo y principios como CARE, que sitúan los derechos de las comunidades afectadas junto con la apertura técnica.

• Micheli et al., "Emerging models of data governance in the age of datafication" (2020)
• Carroll et al., "The CARE Principles for Indigenous Data Governance" (2020)
• Wilkinson et al., "The FAIR Guiding Principles" (2016)
• Delacroix and Lawrence, "Bottom-up data trusts" (2019)
• EU Data Governance Act, Regulation (EU) 2022/868
• Charlotte Hess and Elinor Ostrom (eds), Understanding Knowledge as a Commons (MIT Press, 2007)