Constitución de 2011 redactada por un Consejo Constitucional electo con aportaciones del público en línea; respaldada en un referéndum consultivo, pero no adoptada por el Parlamento.
Tras la crisis financiera de 2008, Islandia celebró un foro nacional y eligió un consejo de 25 miembros que publicó borradores en línea para recibir comentarios. En 2012, alrededor de dos tercios de los votantes apoyaron el borrador como base de una nueva constitución, pero el Althing no la promulgó.
La fuerte participación pública y el respaldo en el referéndum no bastaron para superar la necesidad de su adopción parlamentaria.
Un Consejo Constitucional de 25 miembros redactó en 2011 una nueva constitución islandesa con aportaciones públicas en línea; cerca de dos tercios de los votantes de un referéndum consultivo de 2012 la apoyaron como base, pero el Althing no la adoptó.[1]