“El 5 de febrero de 2020, el Tribunal de Distrito de La Haya sostuvo que la legislación en que se basaba el sistema neerlandés de evaluación de riesgos de fraude en las prestaciones sociales SyRI infringía el artículo 8(2) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque no establecía un equilibrio justo y su aplicación no era suficientemente transparente ni verificable.”