Obligación de quienes despliegan sistemas algorítmicos de explicar, justificar y responder por sus efectos.
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Entre los instrumentos figuran las evaluaciones de impacto, los registros públicos de algoritmos, las auditorías independientes y los derechos de recurso. La Ley de IA de la UE y el Convenio Marco del Consejo de Europa convierten algunos de ellos en obligaciones legales.